Para las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y áreas metropolitanas, la Registraduría contrató a la unión temporal Disproel, que tiene entre sus integrantes a Thoma Greg & Sons.

El contrato de las elecciones, que serán del 17 al 24 de noviembre, es por $41 mil millones y ha generado molestias en el Gobierno Nacional, ya que actualmente hay un pleito legal contra esa firma por la fallida licitación de los pasaportes.

Es más, este 18 de octubre el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, anunció que presentará una denuncia penal por la adjudicación, ya que solo había un oferente.

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"Será la justicia penal la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación", dijo Idárraga.

Para el funcionario, se podría tratar de "una posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80". 

La Secretaría de Transparencia también pedirá una investigación disciplinaria ante la Procuraduría y una auditoría a la Contraloría.